FAQ – complete

 

“El movimiento por la independencia es cosa de la burguesía”

Falso.

El 80% de población de Catalunya —y, por tanto, gran parte de la gente trabajadora y de las clases populares— defiende el derecho a decidir en un referéndum.

Este 80% incluye a personas que defienden el status quo y otras que quieren una relación federal con el Estado español, pero la mayoría es partidaria de la independencia.

Los individuos y grupos a favor de la independencia se caracterizan por la transversalidad social. Incluyen a agricultores, bomberos, estibadores, educadores, profesores, y a muchos otros colectivos. Estas personas han demostrado su apoyo a la independencia en las grandes manifestaciones y, sobre todo, en las urnas.

En cambio, la gran burguesía catalana se encuentra a gusto en el Estado español. Las grandes organizaciones empresariales de Catalunya —como Fomento del Trabajo o el Círculo de Economía— rechazan la independencia e incluso se opusieron al referéndum. Fomento del Trabajo tachó la ley del referéndum de “golpe de Estado jurídico”.

Debido a esta actitud, dos mil empresas se aprovecharon de las medidas especiales introducidas por el PP para animarlos a trasladar su sede oficial fuera de Catalunya, ante la “amenaza” de la independencia. (No hace falta decir que el PP, con su defensa de la “España, una y indivisible”, sí que representa a la burguesía española.)

“La lucha por la independencia es una maniobra de las élites catalanas para tapar la corrupción”

Falso.

La lucha por la independencia se ha impulsado desde la calle y desde las instituciones cívicas de Catalunya.

Se convirtió en un movimiento masivo a partir de 2010, como resistencia al bloqueo de Madrid contra el Estatut d’Autonomía de 2006 impulsado por el entonces Presidente socialista, Pasqual Maragall, que gobernaba en coalición con ERC e Iniciativa-EUiA. En el verano de 2010, ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular, el Tribunal Constitucional anuló partes importantes del Estatut. Este Estatut ya había pasado por el Congreso español (sufriendo fuertes recortes respecto al texto acordado por el 80% del Parlament catalán) y después se había aprobado en Catalunya mediante un referéndum.

Como respuesta a la anulación parcial del Estatut, Òmnium Cultural convocó una manifestación bajo el lema: “Somos una nación. Nosotros decidimos”. Participaron más de un millón de personas. Fue la primera de una serie de manifestaciones enormes, de hasta 2 millones de participantes.

Este movimiento arrastró a Convergència (con muchas dudas y reticencias) hacia el independentismo, rompiendo así su coalición con Unió.

Jordi Pujol y la coalición de Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya (CiU) gobernaron Catalunya durante más de dos décadas. A lo largo de ese tiempo, esta coalición actuó exclusivamente dentro del marco autonómico. Las diversas acusaciones de corrupción contra la familia Pujol no provocaron ningún gesto a favor de la independencia. Sólo a partir de 2010, y bajo el mandato del entonces Presidente Artur Mas, Convergència se comprometió con el proceso soberanista.

Si el objetivo de la implicación de Convergència en el proceso soberanista fue protegerse ante las acusaciones de corrupción, hay que decir que no ha dado los resultados deseados; actualmente gran parte de la familia Pujol tiene casos abiertos. El mismo Parlamento catalán que promovió la consulta del 9 de noviembre de 2014 también investigó a fondo la corrupción.

“Si la lucha por la independencia fuese progresista, la izquierda española le daría su apoyo”

La izquierda española tiene una historia digna en el terreno de la solidaridad internacional y la defensa de los derechos de los pueblos: buenos ejemplos son el apoyo a los movimientos populares en América latina y la movilización contra las guerras en Oriente medio. Pero tristemente, con algunas excepciones dignas, no aplica los mismos criterios al caso catalán.

No es un problema nuevo ni aislado. Gran parte de la izquierda francesa dio la espalda al movimiento independentista de Argelia, y la mayoría de la izquierda británica nunca se solidarizó con el movimiento republicano irlandés.

Es evidente que a los partidos de la izquierda española les cuesta más apoyar una lucha cercana, que afecta directamente al mismo estado donde viven y donde quieren ganar votos, que a un pueblo lejano. Tienen problemas cuando se pone en duda la propia concepción del país donde viven. La lucha por la república catalana plantea la pregunta: “¿qué es España?”.

Tarde o temprano tendrán que reconocer que el asalto del gobierno español contra los derechos democráticos de autodeterminación del pueblo de Catalunya acabará perjudicando a todas las fuerzas progresistas del Estado.

“Todo movimiento nacionalista es de derechas y racista por naturaleza”

El movimiento por los derechos nacionales de Catalunya se ha asociado claramente con la defensa de la justicia social y ambiental. El Parlament catalán, con mayoría independentista, ha aprobado una serie de leyes progresistas… que han sido tumbadas por el Estado español. Gran parte del soberanismo catalán también se ha plantado muy firmemente contra el racismo y a favor de la acogida de la gente refugiada. Como ejemplo, se puede señalar su contribución a la masiva manifestación por la acogida del 18 de febrero de 2017.

Es demasiado simplista tratar al movimiento catalán de “nacionalista”: sería más correcto hablar de movimiento independentista, o aún mejor, movimiento por el derecho democrático a decidir.

También es importante señalar que no todos los “nacionalismos” son iguales. Algunos nacionalismos quieren imponer un estado opresor y/o imperialista; otros combaten estos estados y muestran solidaridad con otros movimientos soberanistas alrededor del mundo. No es lo mismo el nacionalismo de estado, que es el que practica el gobierno español, que el sentimiento de país que es un factor importante para mucha gente en el movimiento por la autodeterminación de Catalunya.

De ninguna manera se puede definir la aspiración a la autodeterminación de Catalunya como de derechas o racista.

“No es justo que se imponga la escuela en catalán a las familias castellanohablantes”

La escuela en catalán fue una reivindicación impulsada por familias castellanohablantes, de clase trabajadora, en los años 80. Estas familias vieron que con unas pocas horas de clase a la semana, sus hijos no aprendían bien el catalán. Existían escuelas privadas en catalán, pero fue precisamente la comunidad castellanohablante la que exigió la escuela pública en catalán.

Gracias a estas luchas, se inició el sistema de inmersión lingüística en el colegio Rosselló-Pòrcel de Santa Coloma, durante el curso de 1983-84. Visto su éxito, a lo largo de la siguiente década se extendió el modelo a las escuelas de toda Catalunya.

La escolarización en catalán no perjudica a ningún sector del alumnado, más bien todo lo al contrario; la inmersión permite alcanzar un bilingüismo real, lo que mejora las capacidades lingüísticas en general. Según los informes del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo “el alumnado catalán pasa a la educación secundaria obligatoria con un dominio efectivo y similar de las dos lenguas oficiales.” Además, “los alumnos que tienen un buen rendimiento en una lengua generalmente muestran buenos resultados también en la otra”.

Para resumir, la escuela en catalán no es una imposición sobre las familias obreras castellanohablantes; es más bien un modelo de éxito conseguido en gran parte gracias a sus luchas.

“El referéndum se debería haber acordado con el gobierno español”

Hay una larga lista de intentos de pactar un referéndum con el gobierno español. Se calcula que este gobierno ha rechazado 18 propuestas de diálogo desde 2012. Los intentos de negociar los han impulsado no sólo la mayoría de los partidos catalanes, sino también partidos vascos y gallegos.

El 8 de abril de 2014, tres representantes de Catalunya —Jordi Turull de Convergència, Marta Rovira de ERC y Joan Herrera de ICV— pidieron de manera conjunta, en un Pleno monográfico del Congreso español, la capacidad de convocar referéndums, haciendo uso del artículo 150.2 de la Constitución. El gobierno de Rajoy se negó, como siempre.

Los partidos que rechazan de pleno el derecho a decidir tienen más de dos tercios de los escaños en el Congreso español; por tanto, aquellos sectores que dicen que estarían de acuerdo con un referéndum pactado con Madrid revelan cierto cinismo. Más que un verdadero intento de hacer efectivo el derecho a decidir, este posicionamiento parece una coartada para no hacer frente a la situación real de bloqueo por parte del gobierno español y los partidos que lo apoyan.

“El referéndum no es constitucional”

Los partidos unionistas insisten: “no depende de nosotros, el derecho a decidir no tiene cabida en la Constitución española”. Pero ellos mismos desmontaron este argumento definitivamente en 2011. En verano de 2011, el gobierno del PSOE, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, acordó con el PP enmendar la Constitución española, en tiempo record y sin referéndum.

La enmienda se hizo para cumplir con la exigencia de la Unión Europea —representada entonces por Angela Merkel y Nicolás Sarkozy— de incorporar la estabilidad presupuestaria en la Constitución española. Grabaron en piedra la austeridad para todas las instituciones del Estado español, desde el gobierno central, pasando por los gobiernos autonómicos, hasta los ayuntamientos.

Dejando de lado que el “déficit cero” es un elemento de fe neoliberal y muy dudoso como estrategia de gobierno, confirmaron lo que ya se sabía; que cuando hay voluntad de enmendar la Constitución, se puede hacer. El argumento constitucionalista es una excusa, no un motivo real.

Es más, 600 juristas de Catalunya —incluyendo a Mercè Barceló, Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y Enoch Albertí Rovira, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona — firmaron un manifiesto en el que afirman que el referéndum sí tiene cabida en la Constitución española vigente. De nuevo, no es un problema legal o constitucional, sino político.

“Los Balcanes nos mostraron cómo acaban estas cosas: no queremos que aquello se repita”

Este argumento parte de la idea de que todo conflicto que tenga que ver con la cuestión nacional desembocará en una guerra civil y la posterior limpieza étnica, pero los puntos de comparación entre el conflicto de los Balcanes y el de Catalunya y España son mínimos.

Históricamente los Balcanes son un cruce de caminos entre los imperios otomano, ruso y austrohúngaro. Conviven varias religiones —el catolicismo, el cristianismo ortodoxo, el Islam… — y otras minorías numerosas, como el pueblo roma (gitano). Y mientras hay zonas con más presencia de una nacionalidad, cultura o religión que otras, todas se mezclan; hay pueblos y ciudades con diferentes mayorías y minorías muy cerca las unas de las otras. Por ello, los intentos de crear en los Balcanes estados-nación más o menos homogéneos siempre han comportado guerra y limpieza étnica.

El caso catalán es diferente. No hace mucho El País informó de una encuesta de la población de Catalunya que demostraba que sólo el 3% se sentía únicamente español; otro 5% se sentía “más español que catalán”; el 90% se sentía tanto o más catalán que español. En breve, estas cifras demuestran que en Catalunya existe un fuerte sentimiento de pertenencia al país, que no entra en contradicción con el sentimiento bastante extendido de identidad española.

En los últimos años, Catalunya ha pasado a ser un país mucho más diverso, con muchas personas de diferentes partes del mundo, tanto de otros países europeos como de todos los continentes. Esto ha hecho crecer la riqueza cultural del país pero de ninguna manera ha supuesto una fractura social.

En Catalunya hoy, la mayoría de las personas tienen identidades plurales —se combinan sentimientos nacionales de Catalunya, de España y de un centenar largo de otros países del mundo— pero hay un grado elevado de consenso sobre el hecho de que vivimos en Catalunya.

La tragedia de los Balcanes fue producto de un complejo mosaico de identidades nacionales, enfrentadas por culpa de políticos sin escrúpulos.

Un desenlace bélico aquí no es nada probable. Para que sea imposible del todo, hay que dejar de dar vía libre a los políticos sin escrúpulos y abrir un diálogo sobre cómo responder a las demandas democráticas de la población de Catalunya.

“Necesitamos menos fronteras, no más”

La lucha catalana en realidad tiene más que ver con eliminar fronteras que con ponerlas. En cambio, la brutal represión estatal contra el movimiento soberanista tiene el objetivo de mantener las fronteras españolas actuales, con Catalunya dentro de ellas.

El internacionalismo siempre ha sido fuerte en Catalunya, al menos desde el auge del sindicalismo hace más de un siglo. Después de las protestas de Seattle, a principios de la década de 2000, Catalunya fue un referente del movimiento por la justicia global, mal llamado “antiglobalización”. En 2003, Catalunya protagonizó uno de los grandes movimientos contra la guerra ilegal en Irak, impulsada entre otros por el gobierno de José María Aznar.

Hoy, el deseo de romper con el Estado español es impulsado, entre otras cosas, por el intento de abrir las fronteras a la gente refugiada que el gobierno español se ha negado a acoger, incumpliendo así el derecho internacional, los mínimos de humanidad y también sus propios compromisos.

Son los defensores del status quo los que promueven las fronteras entre las personas. Y lo hacen con argumentos hipócritas. Parece que la única frontera que les molesta es la de una futura república catalana; ni se les pasa por la cabeza retirar las vallas de alambre de las fronteras actuales del Estado español, ni mucho menos eliminar estas fronteras del todo.

“Todo va de dinero: la gente catalana es más rica que la del resto de España”

La economía catalana es fuerte, pero Catalunya no es la comunidad autónoma más rica del Estado. En términos de PIB per cápita, Catalunya supera la media estatal en un 19%. Es cuarta en la lista de las comunidades, justo después de Navarra y antes de Aragón. La primera en la lista, a casi 37% por encima de la media, es la comunidad de Madrid.

Dicho esto, sea en Catalunya o en Madrid, las cifras globales siempre esconden más que explican. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, la tasa de riesgo de pobreza en Catalunya era del 13,2% (en Madrid, del 18,2%) y el 32,3% de los hogares tuvo dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes (en Madrid, el 29,7%).

“Catalunya no quiere ser solidaria con las comunidades menos desarrolladas económicamente”

Algunos sectores del movimiento soberanista catalán se centran en las cuestiones fiscales y se quejan de que “pagamos demasiado a Madrid”. Pero la crítica va dirigida al gobierno español y no (quitando a una pequeña franja de derechas, nada representativa) contra la gente de Andalucía o Extremadura. En estas comunidades el PIB per cápita es la mitad del de Madrid. Esta desigualdad no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Es obvio que el gobierno español no dedica los impuestos de la solidaridad en inversiones para mejorar la situación económica de las otras autonomías.

De hecho, los sectores que impiden las medidas que traerían una mejora en Andalucía y Extremadura —la reforma agraria, el desarrollo económico, la justicia social…— son los mismos que niegan el derecho a decidir de Catalunya. Y las fuerzas que quieren un cambio real en el sur —como el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as— también se solidarizan con los derechos democráticos de Catalunya.

“¿Por qué quieren la independencia? No significa gran cosa en el mundo globalizado”

Con todas sus limitaciones, los estados nacionales siguen teniendo cierta capacidad para incidir. Es evidente que los enemigos de la independencia se oponen a perder una parte del Estado español y aún menos aceptarían su liquidación. ¿Por qué será, si los estados ya no pintan nada?

A pesar de la repartición de las competencias a las comunidades autónomas, aún hay muchas cosas que se controlan desde Madrid. Por mucha globalización que haya, es el gobierno central el que decide dónde invertir en infraestructuras y en muchas otras cosas. Y lo hace desde una visión centralista, no en función de las necesidades de la gente en los diferentes territorios. Un ejemplo muy claro, los vecinos y vecinas de Murcia celebran protestas diarias desde hace más de seis meses, pidiendo que la nueva línea del AVE que atravesará su ciudad esté bajo tierra, como en muchas otras ciudades, en vez de ir a nivel de tierra, dividiéndola en dos.

El derecho a decidir incluye las decisiones sobre la propia vida económica y también social.

En todo caso, todo el mundo es libre de teorizar sobre los estados naciones y la globalización, pero la decisión sobre la independencia de Catalunya le corresponde a la gente que vive allá, no a unos cuantos teóricos.

“La lucha por la independencia provoca el crecimiento del fascismo”

Este argumento es falso y peligroso. El fascismo y el autoritarismo crecen por toda Europa y en todo el mundo, con una fuerte presencia institucional y electoral en muchos países. Es obvio que esto se debe a factores diversos que nada tienen que ver con la independencia catalana.

No obstante, los grupos fascistas se sienten envalentonados por el anticatalanismo impulsado desde el gobierno central y la derecha institucional. La causa no es la lucha por el derecho a decidir, sino la campaña larga y concertada de desprestigio hacia la sociedad catalana (ver más arriba, “los catalanes son ricos e insolidarios”). El Gobierno utiliza las demandas de Catalunya como una cortina de humo para encubrir los recortes sociales, su mala gestión y la corrupción generalizada.

Gracias a esta propaganda, las medidas represivas estatales contra el ejercicio del derecho a decidir no son objeto de grandes protestas en todo el Estado. La impunidad por las actuaciones policiales del 20 de septiembre y sobre todo del 1 de octubre ha dado confianza a la extrema derecha españolista. Y la impunidad con la que las autoridades recibieron las primeras agresiones ultras actuó como un semáforo en verde para el aumento de su violencia.

Hará falta una lucha fuerte y unitaria para detener el fascismo, y esta lucha deberá ser un nexo de unión entre los sectores independentistas convencidos y la gran mayoría democrática de la gente unionista o constitucionalista. Son precisamente las manipulaciones fomentadas por la derecha contra el movimiento soberanista —y contra otros movimientos sociales y políticos— las que están dando alas al fascismo.

“Los presos políticos son criminales”

Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que llevan en prisión desde el 16 de octubre de 2017, al igual que el resto de los presos y presas, no han sido condenados por ningún crimen. Los acusan de “delitos” inexistentes y/o claramente políticos.

Se les acusa de sedición, que la RAE define como “Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión”. Ninguno de los presos ha ejercido ni propuesto la violencia.

Los (actualmente) 9 presos y presas lo son por sus ideas y actos políticos, no por ningún crimen ni por nada que no sea legítimo y democrático. Si el PP y los tribunales dicen que lo que han hecho es ilegal, esto dice más de sus leyes y su falta de respeto por la democracia que de las personas encarceladas.

La verdad es que los gobiernos autoritarios y sus sistemas judiciales poco independientes nunca reconocen que hay presos políticos. Siempre dicen que son simples criminales.

Lluís Companys, Presidente de Catalunya durante la guerra civil, fue acusado bajo las “leyes” del régimen vigente en 1940 y juzgado en un simulacro de tribunal, con abogado defensor y todo, por una serie de “delitos” que fácilmente incluirían la “sedición” de la que acusan a los presos políticos catalanes actuales. Ningún demócrata puede negar que su juicio y ejecución —realmente asesinato— tenían un carácter político.

La dictadura introdujo el “Decreto-Ley de 18 de abril de 1947 sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo”; de nuevo, se perseguían acciones y opiniones políticas como crímenes.

Nelson Mandela fue juzgado por acciones políticas (que incluían, a diferencia de los presos actuales, actos violentos). Pero fue condenado como criminal y pasó 27 años en las cárceles del apartheid en Sudáfrica. En aquella época, Margaret Thatcher, entonces Primera Ministra británica, tildó a Mandela de “terrorista”, pero ningún demócrata negaba que fuera un preso político.

Todo esto —salvando las muchas diferencias— se aplica a los presos políticos actuales.

“Si os hacéis independientes quedaréis fuera de Europa”

Catalunya tiene fuertes relaciones externas, tanto con Europa como con el conjunto de la región mediterránea. Esto no cambiará, sea cual sea la situación institucional del país. La gente de fuera que quiere cosas de Catalunya —ya sean productos industriales; bebida y comida; cultura…— seguirá queriéndolas, y vice versa.

Respecto a la Unión Europea (UE), está por ver qué pasará. Alguna gente querrá que una Catalunya independiente forme parte de ella. Otra gente siempre ha sido mucho más crítica hacia la UE (recordemos que el 16 de marzo de 2002, medio millón de personas se manifestaron en Barcelona contra “la Europa del capital y la guerra”).

La imposición antidemocrática por parte de la UE de austeridad en Grecia y otros países, y ahora el hecho de que hayan apoyado al gobierno español en su represión y ataques contra los derechos democráticos de Catalunya, refuerzan esta visión crítica. La gente es consciente de que Islandia, Noruega y Suiza tampoco forman parte de la UE y que no se les ha acabado el mundo.

En todo caso, habrá que ver qué querrá el pueblo de Catalunya y qué querrán los estados europeos —no sólo el Estado español— cuando pasemos de las hipótesis actuales a la realidad de 7,5 millones de personas en medio de Europa que quieran mantener relaciones económicas y sociales sólidas pero respetuosas con el resto del continente.

“Catalunya ya es una región autónoma: ¿no basta con eso?”

El sistema actual de autonomías se creó en la sombra del franquismo, cuando los militares todavía amenazaban con devolvernos a la dictadura. La estructura existente se diseñó para limitar la capacidad de autogobierno de Catalunya y de las otras naciones sin estado.

Lo que ha pasado desde entonces ha confirmado estas limitaciones, con la aplicación del 155 como la guinda del pastel. Ahora es innegable que el sistema actual limita la capacidad del pueblo catalán para vivir como quiere; tanto en el aspecto nacional como en cuanto a los derechos sociales. Por eso ha crecido el apoyo a la independencia.

Además, como se ha dicho bastantes veces, se puede comentar sobre todas estas cuestiones pero en última instancia cada nación debe poder decidir su futuro. Si la mayoría de la población de Catalunya quiere la independencia, no se puede insistir en que debe quedar dentro de la estructura autonómica; una estructura, en todo caso, que la derecha española quiere cambiar para limitar aún más los poderes de los diferentes pueblos.

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